Una serie de irregularidades, denuncian los observadores que estuvieron presentes durante el proceso de verificación de firmas que darían paso al proceso de revocatoria del mandando del Alcalde José Bolívar Castillo. La comisión asegura, que no hubo revisión de las rúbricas con precisión, fue extremadamente rápido, sin mayor criterio técnico.
Galo Castillo, integrante del grupo de observadores, señaló que una de las primeras anomalías del proceso fue, que cuando llegaron todas las actas ya estaban escaneadas y ellos no pudieron observar los formularios y verificar si cumplían con los requisitos que se exige para estos procedimientos.
“De acuerdo al testimonio de los técnicos y supervisores, les habían indicado que tienen que llegar más pronto para hacer ese trabajo”, señaló Castillo. Desde ahí se anticipaba un proceso sin transparencia.
“El primer filtro es la legitimidad de los formularios, que estén limpios, que no sean fotocopias, que no estén mutilados, sino íntegros, eso nosotros no lo pudimos verificar”, agregó.
De los 6316 formularios se indexaron 50.528 registros, ahí se eliminaron cerca de 7.000 firmas en blanco, tachados, borrados y ese fue otro de los filtros, posterior seguía la comprobación de la información, tanto del número de cédula, nombres y apellidos que el CNE tiene en el padrón con los que estaban puestos en los formularios. “Aquí notamos algunos errores, como por ejemplo, habían nombres incompletos pero ellos los validaban porque decían que lo que les interesaba era el primer apellido con cualquiera de los otros dos nombres, era un error técnico, ellos no estaban para interpretar, sino para verificar”, insistió.
Otra irregularidad se presentó al momento de verificar si las firmas pertenecían o no al padrón cantonal. Unas 5742 firmas no constaban, “la estrategia que utilizaron para hacerlos firmar fue el engaño, queremos que la ciudadanía se dé cuenta cómo actúan estos grupos y como se confabulan”, denunció Castillo.
Para comprobar la veracidad de las firmas se debían considerar tres características técnicas, la proporcionalidad, similitud y originalidad. Ahí se evidenció que había significativo número de rúbricas falsificadas; sin embargo fueron contabilizadas. Los 80 operadores técnicos habilitados para esta actividad, revisaron de forma rápida, dejando pasar varias anomalías. “Son errores que se cometieron y que se tienen que corregir, estamos en el justo derecho de hacer ese reclamo”. Yo participé de al menos 12.500 firmas dudosas y ahí solo pasaron 3500. Ahí tiene que actuar la Ley, civil y penal. No se hizo una verificación sino un conteo de firmas, señaló Galo Castillo.
Impugnación
El abogado Medardo Oleas, agregó que el Consejo Nacional Electoral no puede iniciar un proceso de revocatoria de mandato el último año donde culmina su periodo el alcalde de Loja, lo prohíbe expresamente tanto la Constitución como la Ley de Elección y su Reglamento, porque ya existe el calendario electoral y dispusieron que las elecciones generales para nombrar nuevos alcaldes, prefectos, concejales se realizan en marzo de 2019, “no pueden iniciar un proceso de verificación de firmas que da inicio a lo que sería la revocatoria en el mes de abril del año 2018, esto a más de ser ilegal e inconstitucional, ha sido manejado muy mal, porque no se hizo un proceso de verificación de firmas, sino un conteo, porque en el día que se revisa este trabajo en tres horas y media se verifican más de 25.000 firmas.
“Hay una serie de procesos que no están bien manejados. Una revocatoria no puede ser admitida faltando un año para las elecciones. Este sistema, más que causar beneficios va a generar perjuicios a la ciudadanía”, citó.
Para el jurista, el proceso de verificación de firmas, debió realizarlo un perito grafólogo, quien es el profesional avalado y no unos 80 técnicos que tan solo cumplieron un conteo. Esos procesos deben ser manejados con más transparencia.
